STS de 31 de octubre de 2023, Recurso 3032/2020
Ponente: Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva

QUINTO.-El juicio de la Sala. La estimación del recurso de casación de la Abogada del Estado y la desestimación del recurso de apelación del Getafe Club de Fútbol, S.A.D.

Ciertamente, nos encontramos en una situación singular, pues debemos volver a pronunciarnos sobre una controversia en la que ya hemos expuesto por qué considerábamos fundada la pretensión hecha valer por la Abogada del Estado, razones sobre las que ha podido alegar cuanto a su derecho ha considerado conveniente Getafe Club de Fútbol, S.A.D.

Ahora, a la vista de las alegaciones con las que se ha opuesto al escrito de interposición hemos de decir que no son diferentes de las que hizo valer en su apelación contra la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 9. En efecto, no hay en ellas argumentos que desvirtúen nuestro juicio y conduzcan a una solución distinta a la que alcanzamos inicialmente.

En realidad, el litigio permanece en los términos en que se planteó en la instancia y en la apelación. Por eso, no cabe llegar a otro resultado que al que ya establecimos. O sea, a la confirmación del fallado inicialmente en la instancia por el Juzgado según vamos a explicar a continuación.

A) Los preceptos a que se refiere el auto de admisión y otros relevantes. El artículo 21.2 a) de la Ley 19/2007 establece: «Artículo 21. Infracciones de las personas organizadoras de competiciones y espectáculos deportivos. (…) 2. Son infracciones graves: a) Toda acción u omisión que suponga el incumplimiento de las medidas de seguridad y de las normas que disciplinan la celebración de los espectáculos deportivos y no constituya infracción muy grave con arreglo a las letras a), b), e), f) y g) del apartado anterior».

A su vez, los apartados a) y b) del artículo 3.2 de esta Ley 19/2007 dicen:

» Artículo 3. Medidas para evitar actos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes en el ámbito de aplicación de la presente Ley. (…) 2. Corresponde, en particular, a las personas organizadoras de competiciones y espectáculos deportivos: a) Adoptar las medidas de seguridad establecidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo. b) Velar por el respeto de las obligaciones de los espectadores de acceso y permanencia en el recinto, mediante los oportunos instrumentos de control».

Por su parte el artículo 74 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol tiene por objeto, según su epígrafe «el correcto desarrollo de los espectáculos deportivos». Su apartado 1 explica que se consideran específicamente como infracciones muy graves la omisión del deber de asegurar el correcto desarrollo de dichos espectáculos que impliquen riesgos para los espectadores o los participantes en los mismos «tanto en lo que se refiere al desarrollo de la propia actividad deportiva, como a la protección de los derechos fundamentales y, específicamente, los que impliquen comportamientos racistas, xenófobos o intolerantes». Y, entre las infracciones específicas muy graves de los clubes que participen en competiciones profesionales, el apartado 2 a) de este artículo 74 tipifica la siguiente:

«La omisión del deber de adoptar todas las medidas establecidas en el vigente ordenamiento jurídico dictado en prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, para asegurar el correcto desarrollo de los partidos con riesgo para los espectadores o para los participantes en los mismos y evitar la realización de actos o comportamientos racistas, xenófobos, intolerantes y contrarios a los derechos fundamentales».

Conviene añadir que, mientras la Ley 19/2007 y, por tanto, su régimen sancionador, se dirige de manera específica, como su propio título expresa y precisan su preámbulo y su artículo 1, a prevenir y reaccionar frente a la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, el Código Disciplinario, según su artículo 1, tiene un objeto más amplio pues comprende además, las infracciones a las reglas del juego o competición y a las normas generales deportivas tipificadas en la Ley 10/1990, en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva y a las del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre disciplina deportiva.

Igualmente, sucede que, mientras las sanciones previstas por la Ley 19/2007 son impuestas por la autoridad gubernativa, a saber: la Delegación del Gobierno, la Secretaría de Estado de Seguridad, el Ministerio del Interior y el Consejo de Ministros (artículo 28); las contempladas en el Código Disciplinario, las imponen los órganos disciplinarios federativos: juez unipersonal, comités de competición, Comité de Apelación y Tribunal Administrativo del Deporte (artículos 17 y siguientes).

B) No hubo vulneración del principio non bis in ídem. Desde estos presupuestos hay que concluir que tienen razón la Abogada del Estado y la sentencia de instancia al descartar la infracción del principio non bis in idem porque, efectivamente, si unos mismos hechos han dado lugar a varias consecuencias jurídicas, la razón no es otra que la de imponerlo la existencia de dos órdenes normativos que rigen a la vez acontecimientos deportivos como el de autos y responden a fundamentos distintos en lo que aquí importa.

De un lado, están los preceptos que se ocupan del orden público y de la seguridad en el desarrollo de esos acontecimientos. Son los aplicados por la autoridad gubernativa y se tradujeron en la imposición por la Delegación del Gobierno en Madrid de dos multas a Getafe Club de Fútbol, S.A.D.: una, por no haber impedido la introducción del bote de humo que se encendió en el curso del encuentro y la otra, por no haber prevenido la invasión del terreno de juego que se produjo a la finalización del partido. Por otro lado, están los preceptos propios de la disciplina deportiva. Son los que recoge el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol cuya cobertura legal se encuentra en los artículos 73 y siguientes de la Ley 10/1990 y miran «al correcto desarrollo de los partidos», tal como dice el artículo 74.2 a) de aquél.

Por tanto, se puede, efectivamente, sancionar lo sucedido en el «Coliseum Alfonso Pérez» el 24 de junio de 2017 con las multas impuestas por la Delegación del Gobierno en Madrid por el peligro real que supusieron los hechos violentos considerados para las personas y los bienes y con la sanción impuesta por el órgano competente en materia de disciplina deportiva –que, en último término, es el Tribunal Administrativo del Deporte, ya que le corresponde revisar las decisiones de Comité de Apelación– por la intensa alteración del desarrollo del encuentro que originó lo sucedido: el cierre por un encuentro del «Coliseum Alfonso Pérez» por la infracción prevista en el también mencionado artículo 74.2 a) del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol.

De acuerdo con la jurisprudencia invocada por la Abogada del Estado y considerada por la sentencia de instancia y también por la alegada por el escrito de oposición, para apreciar la vulneración del principio non bis in idem es menester que se dé la triple identidad de hechos, sujetos y fundamento jurídico en dos o más sanciones al mismo sancionado. La falta de una de esas identidades excluye la infracción.

Aquí, es verdad, hay coincidencia en los hechos, cosa que en ningún momento se ha discutido. También coincide el sancionado: Getafe Club de Fútbol, S.A.D, como es evidente. Pero no coincide el título jurídico: la sanción de cierre por un encuentro del estadio obedece, no a las disposiciones dirigidas a preservar el orden público y la seguridad, también frente a actos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes, sino a la disciplina deportiva igualmente alterada por actitudes de la naturaleza de las que se dieron el 24 de junio de 2017.

Son, por tanto, distintos los intereses protegidos por los diferentes preceptos, aunque todos sean intereses públicos y estén relacionados con la evitación de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. En un caso, los de la Ley 19/2007 miran al orden público y la seguridad que, desde luego, las conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes alteran gravemente. En el otro, los del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol a la preservación de la disciplina deportiva, igualmente alterada por tales comportamientos.

Esta dualidad normativa la acepta, por lo demás, la propia Ley 19/2007 expresamente en su artículo 38 y la explica con claridad su preámbulo. En efecto, recuerda que la violencia en el deporte es un fenómeno complejo ante el que el primer objetivo de las instituciones públicas es «promover que el propio ámbito deportivo, mediante su propia autorregulación, gestione y limite la aplicación de la fuerza en el deporte, de modo que su uso sea compatible con el respeto a la persona y con una conciencia social avanzada».

Ahora bien, añade, la violencia supera el ámbito propiamente deportivo y, por eso, obliga a las instituciones públicas a adoptar medidas que fomenten la prevención e incidan sobre el control cuando no en la sanción de los comportamientos violentos. De ahí que no sea incoherente la concurrencia de procedimientos sancionadores. 10 A El escrito de oposición se esfuerza en negar la existencia de distinto fundamento y de diferentes intereses pero no entra en la distinción que se ha puesto de manifiesto desde el primer momento y se limita a reiterar consideraciones genéricas. Es, sin embargo, significativo que Getafe Club de Fútbol, S.A.D. no impugnara la resolución del Comité de Apelación que le multó con 18.000€. Según los argumentos que viene esgrimiendo esa sanción también incurriría en infracción del principio non bis in idem.

Es verdad que no estaba obligado a impugnarla, tal como explica la sentencia del Juzgado Central n.º 9, pero que no lo hiciera y se conformara con ella, tal como expresamente admite en su recurso de apelación, es un argumento adicional para poner de manifiesto que no ha sido vulnerado dicho principio.

C) La desestimación del recurso de apelación de Getafe Club de Fútbol, S.A.D. Procede, pues, anular la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y, en consecuencia, debemos resolver el recurso de apelación n.º 28/2019. De los motivos que dirigía contra la sentencia del Juzgado Central n.º 9, el relativo al principio examinado debe desestimarse por lo que ya hemos dicho y los restantes, por las razones dadas por la sentencia de instancia, no desvirtuadas por el recurso de apelación que, en realidad, reitera lo que ya había sostenido Getafe Club de Fútbol, S.A.D. en la demanda y fue debidamente rechazado por el Juzgado. En definitiva, debemos desestimar la apelación.

SEXTO.- La respuesta a la cuestión planteada por el auto de admisión. La respuesta que, después de cuanto acabamos de exponer en el fundamento anterior, debemos dar es que la aplicación de dos órdenes de preceptos sancionadores a un mismo sujeto pasivo, el propio de la disciplina deportiva y el correspondiente a las infracciones y sanciones previstas en la Ley 19/2007, a unos mismos hechos, no implica la vulneración del principio non bis in idem porque son distintos los fundamentos jurídicos a que responde cada uno.