El Tribunal Supremo viene modernizando desde hace más de tres lustros su doctrina sobre el control jurisdiccional de los actos administrativos de calificación de las pruebas selectivas de acceso al empleo público y de provisión de puestos. Se basa para ello en una más afinada motivación de los actos que debe responder a tres extremos:

a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico;

b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico;

c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás.

Este estudio tiene por objeto el primero de ellos, el de las fuentes de información que constituye una premisa o base para los otros dos requisitos, tomando como referencia principal el sistema de oposiciones. Partiendo de la realidad de lo que acontece en los casos que llegan a los tribunales de justicia se examinan los aspectos básicos que pueden fundamentar su ordenación jurídica y su construcción conceptual.

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